En 1696, el rey Guillermo III de Inglaterra implantó un impuesto a la propiedad calculado según el número de ventanas de cada vivienda, una solución ingeniosa para gravar la riqueza sin entrar en los hogares. La tarifa fija de dos chelines se completaba con un recargo progresivo para las casas con más de 10 o 20 ventanas. El mecanismo, pensado como tributo progresivo, acabó siendo regresivo: las viviendas modestas rurales, alquiladas por unas diez libras, solían tener más vanos que las mansiones urbanas de 500 libras. El artículo recorre las consecuencias arquitectónicas y sociales de aquel gravamen, conocido popularmente como "el robo a la luz y el aire". Para evitar pagar más, muchos propietarios tapiaron ventanas con ladrillos, oscurecieron cristales con pintura o eliminaron aberturas hasta sumirse en la penumbra. La medida frenó durante 40 años la producción de vidrio en pleno crecimiento demográfico, según datos de 1851, y empujó a arquitectos y constructores a diseñar casas con vanos más escasos, aunque más anchos y altos. El peor efecto recayó sobre la salud pública: médicos de la época documentaron cómo la falta de ventilación favoreció brotes de tifus, disentería y gangrena. Un informe de 1781 atribuyó a una vivienda tapiada de Carlisle un brote que mató a 52 vecinos. En 1846, una comisión parlamentaria recogió el rechazo del colectivo médico, que calificó el impuesto como el más dañino para la salud de los pobres. La ley se derogó en 1851 y fue sustituida por un gravamen sobre la vivienda.
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