El Gobierno de España ha presentado un nuevo proyecto de Real Decreto que modifica significativamente la regulación de los centros de datos (CPD) tras el fuerte rechazo inicial de varias patronales y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La principal novedad radica en la flexibilización de la exigencia de consumo de energía renovable, que antes obligaba a un 100% de energía limpia en horas punta para instalaciones de más de 1 MW, y ahora permite un periodo transitorio de hasta cinco años con requisitos más laxos. Según el nuevo texto, los CPD con más de 10 MW de potencia eléctrica deberán consumir mayoritariamente energía renovable hasta que el mix eléctrico del país alcance el 90%, pero podrán acogerse a una dispensa inicial que exige solo un 80% de renovables hora a hora, o bien un 60% durante el primer año del periodo transitorio (hasta diciembre de 2028) y un 70% en años posteriores, siempre que se cumplan en horas punta. A cambio de esta dispensa, los operadores estarán obligados a participar en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), un mecanismo gestionado por Red Eléctrica de España (REE) que permite la desconexión automática de estas instalaciones en caso de congestión o fallo en la red, sin retribución a cambio, priorizando a los CPD sobre otras fuentes de generación renovable.
El Ejecutivo justifica esta medida argumentando que la nueva demanda de energía, con una potencia estimada en 12 GW (de los cuales solo 2 a 4 GW son viables según el sector), compite por capacidad de red limitada con proyectos industriales vinculados a la descarbonización. El objetivo es mitigar el riesgo de una "avalancha" de CPD que podría elevar los precios de la luz y afectar a la estabilidad del sistema eléctrico, especialmente en horas punta cuando la generación solar disminuye. El Gobierno, que busca aprobar la norma antes de las elecciones del 29 de noviembre, ha endurecido las penalizaciones por incumplimiento, estableciendo cinco tramos de recargos en lugar de tres, y ha introducido un régimen específico para los centros de datos de la UE destinados a la soberanía digital, como las factorías de inteligencia artificial, que quedarán sujetos a requisitos de eficiencia y renovables, aunque con plazos de adaptación de seis meses.
Además, el nuevo borrador permite a los centros de datos contratar electricidad con instalaciones más antiguas (operativas desde 36 meses antes de su puesta en marcha, frente a los 10 años originales) y elimina el límite de tiempo para la fotovoltaica, buscando reducir los vertidos de energía renovable no consumida. También se ha relajado ligeramente el indicador PUE (Power Usage Effectiveness), pasando de 1,15 a 1,25, y se exige el cumplimiento de los niveles de consumo de agua del etiquetado europeo. El Ejecutivo defiende que estas medidas no son discriminatorias, ya que los CPD representan una demanda distinta y única, y subraya la necesidad de garantizar un desarrollo ordenado y sostenible, citando la experiencia de países como Irlanda, que enfrenta riesgos de apagones por la alta demanda de estas instalaciones.