El Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha reclamado 31,24 millones de euros a la empresa TYC Narcea como condición para que pueda explotar carbón en la mina de Veiga de Rengos, en Cangas del Narcea (Asturias). La cantidad corresponde a la devolución de las ayudas públicas que el Estado entregó entre 2011 y 2017 a la anterior concesionaria, Carbonar, para el cierre definitivo e irrevocable de la explotación, en cumplimiento de la Decisión 2010/787/UE de la Unión Europea.
La solicitud se ampara en el artículo 29 de la Ley 7/2021, que supedita cualquier nueva autorización sobre unidades incluidas en el Plan de Cierre a la devolución íntegra de las ayudas, más los intereses devengados. El Ministerio defiende que la nueva extracción se desarrollaría sobre infraestructuras y accesos vinculados a la misma unidad por la que Carbonar percibió fondos públicos para cesar la producción.
TYC Narcea, que presentó su proyecto de explotación en abril de 2025, rechaza la reclamación al argumentar que se trata de una sociedad distinta, con otros accionistas y un proyecto nuevo, y denuncia una posible aplicación retroactiva de la norma. La cifra figura como propuesta de resolución provisional y la empresa se encuentra en plazo de alegaciones. Mientras tanto, el Gobierno del Principado de Asturias, competente para tramitar el proyecto, mantiene abierto el expediente pero supedita la validez de cualquier permiso autonómico a la resolución del ITJ.
