El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, presentó un escrito judicial de 20 páginas en respaldo de OpenAI en la demanda por derechos de autor que el New York Times mantiene contra la compañía y Microsoft. En el documento, remitido al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el Departamento de Justicia argumenta que el país tiene un "fuerte interés" en que el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con material protegido por derechos de autor sea considerado uso legítimo (fair use), ya que ello garantizaría que Estados Unidos "mantenga el liderazgo global en inteligencia artificial".
El escrito, que cita una orden ejecutiva firmada por Trump en 2025 para eliminar barreras al liderazgo estadounidense en IA, sostiene que restringir el desarrollo de grandes modelos de lenguaje (LLM) bajo una "interpretación errónea" del fair use "frustraría el progreso creativo y científico" y perjudicaría "la prosperidad y la movilidad económica" del país. La administración considera que el entrenamiento de modelos constituye un uso "extraordinariamente transformador" de las obras, lo que cambiaría sustancialmente su contenido original, y que los productos de OpenAI no compiten significativamente con los artículos del New York Times, dos de los criterios que los jueces evalúan al determinar si aplica la excepción de fair use.
El gobierno también advirtió que equiparar el entrenamiento de IA con lo que estas herramientas producen tendría "implicaciones problemáticas" para la ley de derechos de autor en general, al sugerir que también sería ilegal que escritores humanos aprendieran su oficio leyendo las obras de otros. Los abogados llegaron a comparar este proceso con el de la escritora Joan Didion cuando, siendo adolescente, copiaba a máquina los cuentos de Ernest Hemingway para aprender a escribir.
Aunque el escrito no constituye una sentencia —el juez Sidney H. Stein, quien preside el caso, no está obligado a seguir sus recomendaciones—, los expertos consultados por Wired coinciden en que tendrá un peso considerable. El abogado de propiedad intelectual Evan Brown, de la firma Neal & McDevitt, explicó que los jueces suelen "tomárselo muy en serio porque proviene del Departamento de Justicia y lleva consigo un peso inherente". Pamela Samuelson, codirectora del Berkeley Center for Law & Technology, calificó el escrito como un "desarrollo significativo" y consistente con las resoluciones previas en materia de derechos de autor e IA.
La postura del Ejecutivo contrasta con la de los demandantes. El New York Times rechazó de plano la intervención gubernamental. Su portavoz, Graham James, declaró a Wired que "la Administración está poniéndose del lado de un puñado de empresas de inteligencia artificial valoradas en billones de dólares a costa de los incontables creadores estadounidenses cuyo trabajo fue robado", y añadió que "tanto la IA como los creadores pueden prosperar: las empresas de IA simplemente necesitan pagar de forma justa por el contenido que hace posibles sus productos, como exige la ley de derechos de autor". Mary Rasenberger, directora ejecutiva del Authors Guild —que presentó su propia demanda contra OpenAI en 2023—, expresó su "extrema decepción" y calificó el escrito de "repleto de argumentos defectuosos y de un craso desconocimiento del fair use y la ley de derechos de autor".
El contexto legal que rodea esta disputa es complejo. La demanda del New York Times, presentada en 2023, alega que OpenAI y Microsoft violaron la legislación de derechos de autor al entrenar sus herramientas de IA con artículos del periódico sin autorización. Hasta ahora, los tribunales estadounidenses se han inclinado mayoritariamente a favor de las empresas tecnológicas. En el caso Kadrey contra Meta, la compañía salió técnicamente victoriosa, aunque el juez señaló que los demandantes no aportaron pruebas suficientes del daño causado y advirtió que, en otras circunstancias, entrenar con material protegido sin permiso podría ser efectivamente ilegal. En el caso contra Anthropic, el juez William Alsup ordenó el año pasado un acuerdo de 1.500 millones de dólares a favor de un grupo de escritores, pero la sanción no fue por entrenar con sus obras, sino por utilizar bibliotecas piratas para obtener los libros de forma ilegal. Alsup comparó el entrenamiento de los modelos con un ser humano que lee un libro: "como cualquier lector que aspira a ser escritor, los LLM de Anthropic entrenaron sobre las obras no para adelantarse y replicarlas o suplantarlas, sino para tomar una curva cerrada y crear algo diferente".
Aunque el escrito se centra en la disputa entre el New York Times y OpenAI, el propio gobierno aclaró que sus argumentos se aplican a todas las partes implicadas en este caso y en litigios relacionados, incluyendo a otros editores y autores. Con decenas de demandas de alto perfil aún en marcha, la decisión final del juez Stein podría sentar un precedente determinante para el futuro del entrenamiento de IA y para el equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos de los creadores.