El Gobierno cuestiona la lealtad del PP al Pacto contra la Violencia de Género tras ceder a Vox la evaluación de las víctimas en Andalucía

El Gobierno central ha puesto en duda la lealtad del PP al Pacto de Estado contra la Violencia de Género después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, haya cedido a Vox la gestión de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, los equipos forenses que evalúan a víctimas, agresores y menores para informar las órdenes de protección. La Consejería de Justicia, dirigida por el vicepresidente segundo y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, asume así unas unidades adscritas a los Institutos de Medicina Legal que estudian a las víctimas, al agresor y a los menores expuestos a esa violencia para asesorar a los jueces.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que aclare si esta medida rompe el pacto firmado en 2017 y ha recordado que 290 mujeres han sido asesinadas en Andalucía desde 2003. Su secretaria de Estado, María Guijarro, ha advertido de que se extremará la vigilancia. La vicesecretaria general del PSOE y líder andaluza, María Jesús Montero, ha acusado a Moreno de poner en riesgo la protección de las víctimas al compartir el ideario de la extrema derecha. CCOO Andalucía, Adelante Andalucía e Izquierda Unida han condenado igualmente la decisión y anunciado que fiscalizarán cada movimiento de la Consejería de Justicia, incluso en los tribunales. La Consejería de Igualdad del Gobierno andaluz ha declinado valorar la decisión.

El traspaso recuerda la primera iniciativa parlamentaria de Vox en Andalucía en 2019, cuando pidió un listado de empleados públicos de estos servicios para "depurar" a los profesionales bajo la acusación de "sesgo ideológico" y "feminismo supremacista".