El Gobierno de España ha emitido una orden administrativa que pone fin a la designación de Telefónica como prestador del Servicio Universal de Telecomunicaciones, con efecto desde el 1 de enero de 2027. Esta medida, justificada por la alta penetración de fibra óptica y 5G en el territorio, elimina la obligación de garantizar servicios mínimos a un operador específico, redistribuyendo la atención a los usuarios entre todos los operadores con cobertura en su zona de residencia.
La decisión se basa en datos del Ministerio de Transformación Digital que indican que el 95,92% de los hogares cuenta con fibra, de los cuales casi el 95% tiene capacidad gigabit. El nuevo marco regulatorio eleva el estándar mínimo de conexión a 100 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, superando los 10 Mbps actuales y posicionando a España como el primer país europeo en adoptar esta velocidad mínima. Además, se mantienen las medidas de protección para poblaciones vulnerables, como el descuento del 25% para beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, y se obliga a Telefónica a conservar el abono social para jubilados y pensionistas de renta baja.
La CNMC ha avalado la medida y propuesto ayudas públicas para casos puntuales de alto coste. La orden se encuentra en fase de audiencia pública, con plazo de alegaciones hasta el 22 de octubre, lo que permite a la ciudadanía y a los operadores presentar propuestas sobre la gestión de costes y la cobertura en zonas de escasa rentabilidad.