El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat Valenciana, impulsado por el presidente Juanfran Pérez Llorca, al considerar que varios de sus artículos bordean la inconstitucionalidad y no se ajustan a la normativa estatal. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, cuestiona los criterios de "vinculación territorial continuada" en las promociones público-privadas sobre suelo público, una iniciativa de la vicepresidenta Susana Camarero que prioriza el arraigo local en la adjudicación de vivienda protegida. Según Vivienda, estos criterios cobijan "conceptos como el de la denominada prioridad nacional", lo que supone "una clara amenaza para la Constitución Española y su artículo 14". El departamento advierte de que "supervisará" la redacción para garantizar que no se vulneren derechos fundamentales y recuerda que los registros públicos de demandantes son obligatorios para acceder a los fondos del plan estatal de vivienda. Tras el escándalo de las adjudicaciones irregulares en Alicante y la eliminación del registro de demandantes en 2024 por el anterior Consell de Carlos Mazón, el Ejecutivo central exige reforzar la transparencia con un cuerpo de inspectores, más recursos administrativos y un aumento de la oferta de vivienda protegida, y advierte de que la financiación estatal podría quedar comprometida si la reforma no convence al Gobierno.
