La Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias aprobó el 5 de mayo un protocolo contra el acoso laboral en la Policía Autonómica y lo anuló el 19 de junio, al comprobar que necesitaba pasar antes por la negociación colectiva con los representantes de los trabajadores. La resolución de anulación, firmada por el director general David del Pino Franquet, cita el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad, que obligan a pactar este tipo de protocolos con la representación legal del personal.
El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) calificó la situación de «chapuza anunciada» y criticó que, pese a contar con servicios jurídicos, nadie detectara un «requisito jurídico tan elemental». El sindicato recordó que el Ejecutivo autonómico ya dispone de un protocolo general frente al acoso laboral y alertó de que un protocolo específico para la Policía Canaria habría desplazado la supervisión externa de las denuncias al ámbito interno de la propia cadena de mando, lo que considera que disuade a las víctimas de presentar quejas en una organización fuertemente jerarquizada.