Una investigación de la organización sin fines de lucro Spotlight on Corruption revela que el gobierno del Reino Unido desarrolló su política de 'zonas de crecimiento' para la inteligencia artificial sin ninguna consulta significativa con grupos de defensa ambiental. Entre julio de 2024 y septiembre de 2026, los funcionarios gubernamentales se reunieron con 137 empresas tecnológicas, pero solo interactuaron con dos grupos comunitarios y ninguno con organizaciones ecológicas. La política, impulsada por el primer ministro Keir Starmer, prometía crear miles de empleos mediante la construcción de grandes centros de datos en cinco regiones, aunque los informes del Guardian señalan que las proyecciones financieras y de empleo carecen de rigor y que las cifras no han sido auditadas. Además, existe una divergencia interna entre los departamentos gubernamentales sobre la demanda energética de estos proyectos. La oposición comunitaria ha crecido, con protestas en lugares como Auchtertool y Brick Lane, mientras que el gobierno defiende que priorizará el poder limpio y la consulta local, aunque la investigación sugiere que el proceso de toma de decisiones estuvo dominado por intereses corporativos y que el país se ha quedado rezagado respecto a jurisdicciones como Canadá, Alemania y Australia en la adopción de criterios ambientales más estrictos.
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