El Gobierno de España ha aprobado este martes un extenso paquete de medidas en el ámbito de la Seguridad Social, diseñado para ampliar la protección social de colectivos específicos. La decisión, que se materializará mediante un real decreto-ley, busca responder a demandas sociales acumuladas durante años y se enmarca en el contexto de las últimas semanas de la legislatura, con las Cortes Generales ya disueltas y las elecciones generales a punto de celebrarse. La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha justificado estas acciones como "medidas maduras" y necesarias para mejorar la "cobertura" de la ciudadanía, destacando que abordan situaciones que antes quedaban invisibilizadas o estaban sujetas a una litigiosidad constante.
El cambio más significativo y demandado es la ampliación del derecho a la pensión de viudedad. Hasta ahora, este derecho estaba restringido a personas casadas o registradas como parejas de hecho. La nueva normativa permitirá a las parejas con hijos que acrediten dos años de convivencia, aunque no estén formalmente unidas, acceder a esta pensión. Saiz ha señalado que esta medida es crucial para "se adecuar al día a día de la ciudadanía" y ha indicado que se abrirá una "ventana de un año" para que estas parejas puedan solicitar su derecho. Esta ampliación responde a la realidad demográfica de familias no formales, cada vez más numerosas, que buscaban una protección legal equivalente a la de las parejas registradas.
En el ámbito de la violencia de género, el Gobierno ha implementado mejoras sustanciales. Se han creado "bajas especiales" para mujeres víctimas de violencia que sufran lesiones incapacitantes. A diferencia de las incapacidades temporales comunes, estas bajas no exigirán un periodo de carencia (cotización mínima) y se cobrará desde el día siguiente a la baja. La prestación se ampliará al 60% de la base reguladora en los primeros días y al 75% a partir del día 20. Además, se ha aprobado la ampliación de las pensiones de orfandad para los hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia machista. El importe mínimo de estas pensiones pasará a ser el doble del salario mínimo interprofesional (1.221 euros), superando el cálculo anterior basado en la base reguladora. La ministra Saiz ha agradecido el trabajo de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha recordado que estas políticas están contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado por todos los partidos excepto Vox.
Otra línea de mejora afecta a las mujeres con patologías asociadas a la menopausia. Estas bajas serán consideradas "especialmente protegidas", con las mismas condiciones que las de violencia de género: sin periodo de carencia y con una prestación elevada. Saiz ha enfatizado que se protege a una parte importante de la fuerza laboral, respondiendo a brechas históricas en la protección de las mujeres.
En el sector de la salud y el cuidado familiar, se ha ampliado la prestación CUME (Cuidado de Unas Menores con Enfermedades Graves). Esta ayuda, iniciada en 2011, permitirá a los padres y madres percibir la prestación más allá de los 26 años, siempre que los hijos afectados tengan una discapacidad superior al 65% o un grado de dependencia 3. Además, se legislará la posibilidad de simultaneidad, permitiendo que ambos progenitores perciban la prestación de forma alternativa o simultánea, fomentando la "corresponsabilidad" en el cuidado de los hijos. El Gobierno trabaja actualmente en el reglamento que regulará esta prestación, que según la ministra "está a punto de ver la luz".
Finalmente, se ha aprobado una "IT especial" (incapacidad temporal) para trabajadores afectados por catástrofes, como el caso de la dana Adam, que ha provocado heridos, cuatro fallecidos y un millar de rescates. Estas medidas, aprobadas en un momento crítico para el mandato del Gobierno, buscan consolidar una red de seguridad más robusta, cubriendo desde la violencia de género hasta las necesidades de las familias no formales y los cuidadores de personas con enfermedades graves. La aprobación de este paquete refleja un intento de cerrar brechas legales y sociales, aunque su implementación definitiva dependerá de la entrada en vigor del real decreto-ley y de la gestión administrativa de las nuevas prestaciones.