España concentra el 21% de las capturas pesqueras de la Unión Europea y el 30% del valor total, además de liderar la acuicultura comunitaria con el 24,3% de la producción. Sin embargo, la mayor parte de esa actividad se desarrolla en caladeros lejanos: el 37% de las capturas europeas del Atlántico centro-oriental son españolas y el 66% del Índico occidental procede también de la flota nacional, que faena atún en el Índico, merluza y pota en el Atlántico suroccidental y cefalópodos frente a África.
Esa dispersión geográfica convierte a la industria en menos vulnerable al calentamiento del mar que rodea la península, más rápido que la media global, y a la migración de especies como el pulpo hacia el norte. Las ecorregiones más afectadas por la pérdida de rendimiento pesquero son la plataforma ibérica costera y el golfo de Vizcaya, según un estudio publicado en Science.
El nuevo reto es geopolítico. El desplazamiento de la caballa hacia aguas de Noruega, Reino Unido, Islas Feroe e Islandia, que gestionan cuotas al margen de la UE, ilustra cómo las disputas pesqueras se dirimen en negociaciones internacionales. Tras salvar la cuota de merluza para 2026, España afronta un año crítico en caballa y días de pesca en el Mediterráneo, en un escenario donde la pregunta clave ya no es cuánto se puede pescar, sino de quién es ahora el pescado.