El fundador y consejero delegado de Flock, Garrett Langley, ha admitido que la compañía estadounidense de vigilancia tardó en implementar medidas para evitar el uso indebido de sus cámaras, lectores de matrículas y drones por parte de cuerpos policiales. En una entrevista con la BBC, Langley reconoció que la firma está reduciendo el periodo de retención de datos de 30 a 7 días y que habilitará alertas automáticas para detectar búsquedas anómalas.
El caso sale a la luz tras una oleada de denuncias por mal uso: agentes han utilizado la herramienta para rastrear a exparejas, desconocidos e incluso a una mujer que había abortado. Al menos 50 ciudades de EE. UU. han rescindido este año sus contratos con Flock por el rechazo social, aunque otras 16 localidades que habían desconectado el servicio han vuelto a contratarlo en los últimos tres meses. Flock asegura que la proporción actual entre clientes nuevos y perdidos es de 7 a 1.
Langley también anunció que la función de auditoría de búsquedas —presentada como opción a comienzos de 2026— será obligatoria, tras detectar un volumen elevado de usos indebidos. Defendió que las ciudades que prescinden de Flock "eligen ser menos seguras" y pidió castigos más severos que el despido para los agentes abusadores. Con todo, reconoció que la empresa se ha convertido en un "villano fácil" para el creciente malestar ciudadano respecto a la vigilancia y la falta de una ley federal de protección de datos personales.