La industria de la acuicultura enfrenta un dilema regulatorio y de salud pública debido al uso del etoxiquino, un antioxidante añadido a la harina de pescado para prevenir la combustión espontánea. Aunque este químico redujo drásticamente los incendios en barcos y plantas entre 1967 y 1976, su carcinogenicidad ha generado controversia. En 2017, la Comisión Europea suspendió su autorización en la Unión Europea, y países como el Reino Unido, Noruega e Islandia lo han prohibido. Sin embargo, en Estados Unidos, Australia, Japón y Corea del Sur, sigue siendo permitido con límites específicos.
La falta de consenso científico sobre su seguridad en la cadena de suministro global ha llevado a múltiples demandas judiciales. En 2022, demandas contra Aldi Inc. y Gorton’s Inc. por etiquetado engañoso de productos como 'sostenibles' fueron resueltas fuera de los tribunales. En Canadá, la Agencia de Inspección de Alimentos no especifica cómo probar la presencia del químico en los productos finales, y una auditoría de la UE reveló que solo se realizaba el 40% de las inspecciones planificadas. Cargill, un productor estadounidense, afirma haber cesado el uso del etoxiquino en su negocio de harina de salmón global desde 2005, migrando a alternativas como el extracto de romero o la vitamina E. No obstante, la alternativa más común, el butilhidroxianisol (BHA), también ha sido identificada como potencialmente carcinogénica, lo que plantea un desafío significativo para la seguridad alimentaria global.