El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha defendido ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia que los presidentes de la administración Trump pueden vender sus documentos clasificados en plataformas como eBay, argumentando que estos archivos son propiedad personal y no pública. Esta postura se enmarca en una batalla legal iniciada por la Freedom of the Press Foundation y Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, quienes demandaron al gobierno para impedir la privatización de los registros presidenciales bajo la Ley de Registros Presidenciales. La Corte ha mostrado reservas sobre las alegaciones del gobierno, con la jueza Patricia Millett cuestionando la viabilidad de vender secretos de seguridad nacional. Paralelamente, la Casa Blanca ha continuado con campañas de desclasificación selectivas, lideradas por figuras como John Solomon, que han sido criticadas por su naturaleza política y por eludir la transparencia real. Además, la administración ha revocado permisos de seguridad a oficiales de inteligencia y ha limitado el acceso a información clasificada, buscando evitar la creación de informes desfavorables. El artículo también destaca la muerte de 29 personas en custodia de ICE este año, un número que podría superar el récord anterior, y aboga por la extensión de la Ley de Libertad de Información a las prisiones privadas para garantizar la transparencia en la gestión de la migración.
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