El Departamento de Justicia de Estados Unidos, liderado por el fiscal general Todd Blanche, ha intensificado sus esfuerzos legales para cuestionar la integridad del proceso electoral antes de las elecciones intermedias. Según un análisis de WIRED, la administración federal ha demandado a California, Nevada, Washington, Alaska y otros estados para exigir la entrega de listas de votantes no editadas y para bloquear la certificación de resultados, argumentando la presencia de votantes no ciudadanos. Estas acciones han sido rechazadas por tribunales federales, que han señalado la falta de credibilidad de las afirmaciones del DOJ sobre el fraude electoral. En California, un juez federal ordenó la entrega de datos a la Coalición por Derechos Humanos de los Inmigrantes, revelando que más del 40% de los nombres no existían en los archivos de votantes actuales. En Alaska, el DOJ busca bloquear la certificación de la victoria de la candidata demócrata Mary Peltola en la carrera senatorial, una estrategia que enfrenta la oposición del gobernador Michael Dunleavy. Expertos legales señalan que estas medidas buscan crear caos y desconfianza en el sistema, aunque los tribunales han demostrado que las instituciones federales no están en control directo del proceso electoral, que recae en los estados y locales. La administración continúa presionando con amenazas de acciones penales contra funcionarios electorales, pero ha enfrentado múltiples derrotas judiciales que limitan su capacidad de interferencia directa.
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