La administración de Donald Trump ha recurrido a una maniobra legal obscura para obtener información privada de periodistas, organizaciones sin fines de lucro y sindicatos, eludiendo la supervisión judicial. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizó una citación administrativa basada en la sección 1509 del Título 19 de los Estados Unidos, una norma destinada a inspeccionar importaciones aduaneras, para exigir datos a Google y T-Mobile sin la aprobación de un juez.
El caso más destacado involucra a Georgia Fort, periodista de Minneapolis, y al también reportero Don Lemon. Tras ser acusados criminalmente por cubrir una protesta en una iglesia, el gobierno buscó inicialmente órdenes de registro para sus cuentas de YouTube, pero un juez las denegó dos veces por falta de causa probable. Meses después, el DHS obtuvo mediante la citación aduanera seis meses de registros telefónicos de Fort y datos de sus canales de YouTube, así como información sobre otros medios como Democracy Now y Megyn Kelly.
Expertos legales y exfuncionarios del DHS califican esta práctica de "escandalosa" e inapropiada, argumentando que la ley no aplica a situaciones domésticas ni a asuntos de inmigración. Esta estrategia forma parte de un patrón reciente en el que el DHS ha presionado a empresas tecnológicas para desvelar identidades de críticos de ICE y obtener registros financieros de sindicatos como SEIU y Sunrise Movement, sin presentar cargos criminales contra estas entidades.