El Departamento de Policía de Savannah despide a seis empleados por uso indebido del sistema Flock Safety
La Policía de Savannah (SPD) despidió a cuatro agentes juramentados y a dos empleados civiles tras una investigación interna que confirmó el uso indebido del sistema de lectura de matrículas Flock Safety, según informó la propia corporación. Los seis casos se encuentran además bajo investigación penal independiente por parte del Buró de Investigaciones de Georgia (GBI), lo que podría derivar en consecuencias judiciales más allá del ámbito administrativo.
Los hechos se remontan al 27 de julio, fecha en la que SPD inició una pesquisa interna después de que una revisión proactiva de la actividad en el sistema detectara búsquedas que parecían no estar relacionadas con actividades legítimas de aplicación de la ley. Como medida inmediata, los seis empleados fueron puestos en licencia administrativa la semana anterior al anuncio de sus despidos.
De acuerdo con los hallazgos de la investigación administrativa, los empleados violaron las políticas departamentales que rigen el uso autorizado de la tecnología policial y los recursos de la institución. Entre las conductas detectadas se encuentra la realización de búsquedas sobre conocidos personales y familiares, un uso claramente ajeno a funciones investigativas oficiales. Además, uno de los oficiales fue identificado por haber otorgado acceso al sistema Flock Safety de SPD a una persona perteneciente a una agencia policial externa, algo que no estaba autorizado bajo los protocolos del departamento.
La detección de estas irregularidades fue posible gracias a los mecanismos de auditoría y supervisión con los que cuenta la plataforma Flock Safety, incluyendo el programa Flock Safety Audit Assist, disponible desde abril. Cada búsqueda realizada a través del sistema queda registrada automáticamente, con datos sobre quién la ejecutó, cuándo se llevó a cabo y la justificación proporcionada por el usuario. SPD señaló que también cuenta con medidas complementarias como capacitación obligatoria, controles de acceso basados en roles y supervisión jerárquica.
Como consecuencia de los hallazgos, la Policía de Savannah implementó auditorías semanales recurrentes a cargo de la Oficina de Normas Profesionales (Office of Professional Standards). Estas revisiones están diseñadas para garantizar el cumplimiento de las políticas departamentales e identificar cualquier actividad irregular o potencialmente no autorizada.
El proceso administrativo ha concluido con la terminación de los seis empleados. Sin embargo, la investigación penal del GBI continúa en curso, y SPD aseguró que cooperará plenamente con las autoridades estatales. Hasta el momento, los nombres de los despedidos no han sido divulgados, una decisión que tanto la ciudad como el departamento justificaron por la pesquisa criminal en desarrollo y por el proceso de apelación laboral que aún está pendiente. Las autoridades indicaron que proporcionarán información adicional cuando sea legalmente posible y no interfiera con ninguno de los dos procedimientos.
Este caso reaviva el debate sobre el uso de tecnologías de vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad. Los sistemas de reconocimiento de matrículas como Flock Safety se han expandido rápidamente en ciudades de Estados Unidos como herramienta para localizar vehículos vinculados a investigaciones. Sin embargo, el episodio en Savannah evidencia los riesgos de un uso sin controles efectivos. La propia empresa proveedora del sistema promociona sus capacidades de auditoría como una salvaguarda frente a abusos, aunque el caso demuestra que esas herramientas requieren supervisión activa para ser efectivas.
Para Savannah, las implicaciones son de diversa naturaleza. Por un lado, la rápida respuesta del departamento —colocación en licencia, investigación interna y despido— puede interpretarse como un esfuerzo por restablecer la confianza pública en el uso de la tecnología de vigilancia. Por otro, la intervención del GBI sugiere que las conductas investigadas podrían ir más allá de faltas administrativas y eventualmente configurar delitos, dependiendo de lo que determine la pesquisa estatal.
En lo inmediato, la comunidad y los defensores de derechos civiles estarán atentos al desarrollo de la investigación penal y a cualquier decisión sobre la divulgación de los nombres de los involucrados. También se observará si SPD mantiene sus nuevas auditorías semanales como un mecanismo permanente de control o si se trata de una medida temporal vinculada únicamente al escándalo actual.
El caso de Savannah se suma a una creciente lista de incidentes en distintas jurisdicciones de Estados Unidos donde agentes han hecho uso indebido de bases de datos y sistemas de vigilancia. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation y la ACLU han advertido repetidamente sobre la necesidad de políticas más estrictas, auditorías externas independientes y transparencia en el uso de estas tecnologías. La situación en Georgia podría servir como un nuevo punto de referencia para evaluar la efectividad de los sistemas automatizados de auditoría interna en la prevención de abusos dentro de las corporaciones policiales.