El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles un acuerdo con OpenAI y su antigua filial Statsig por el que ambas empresas aceptarán tres años de supervisión federal sobre sus prácticas de contratación vinculadas a los visados de residencia permanente de trabajadores extranjeros. La División de Derechos Civiles del DOJ acusó a las compañías de obstaculizar deliberadamente la candidatura de ciudadanos estadounidenses a puestos ocupados por inmigrantes a los que patrocinaban para obtener la green card, en vulneración de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1952.
Según la investigación, OpenAI y Statsig no publicaron las vacantes en portales de empleo accesibles, recurrieron a anuncios radiofónicos en horarios nocturnos y exigieron solicitudes en papel en lugar de electrónicas, con lo que dificultaron la búsqueda de candidatos estadounidenses cualificados que exige la ley antes de iniciar un proceso PERM. Las empresas no admitieron los hechos, pero aceptaron pagar 3,2 millones de dólares: 1,2 millones en multa y 2 millones en un fondo de restitución para eventuales perjudicados.
La supervisión incluirá la aprobación previa de sus políticas de selección y la presentación de informes semestrales con estadísticas sobre aplicaciones, entrevistas y contrataciones. La investigación del DOJ afecta a menos de diez puestos y se inició en agosto de 2025, antes de la adquisición de Statsig por parte de OpenAI en septiembre de ese mismo año y de su posterior desinversión parcial en mayo de 2026.