El Departamento de Comercio de EE UU está circulando entre agencias gubernamentales una propuesta de reglamento que suprimiría del censo de 2030 las preguntas sobre raza y orientación sexual y excluiría a los inmigrantes sin documentación legal del recuento para el reparto de escaños en el Congreso, según documentos a los que ha tenido acceso WIRED. La propuesta sostiene que el censo debe eliminar esas preguntas «para proteger de distorsiones creadas por la inclusión de cuestiones personales» y que los «extranjeros ilegales» no deben figurar en el cómputo porque «no son verdaderos habitantes» del país.
La medida obligaría a reintroducir una pregunta de ciudadanía, un intento que la Administración de Donald Trump ya impulsó en su primer mandato y que el Tribunal Supremo bloqueó en 2019 por considerar «artificiosa» la justificación ofrecida, aunque sin declarar inconstitucional este tipo de preguntas. En agosto de 2025, el representante August Pfluger presentó el llamado COUNT Act para reincorporarla, y en octubre el senador Jim Bankspidió al secretario de Comercio, Howard Lutnick, que limitara el recuento a «habitantes legales».
Expertos y funcionarios consultados advierten de consecuencias concretas. Danah Boyd, investigadora de Cornell, señala que sin esos datos será imposible evaluar si un distrito congresual está compuesto mayoritariamente por minorías y dificulta la aplicación de la Ley de Derecho al Voto. Empleados de Salud y Servicios Humanos y de Comercio, que pidieron el anonimato, alertan de que la supresión de categorías raciales afectaría a programas de financiación para comunidades nativo-americanas y de que el miedo a ser identificados por una pregunta de ciudadanía reduciría la participación, lo que erosionaría la representación política y el acceso a fondos federales en estados con poblaciones diversas.
