El decreto de vivienda, aprobado por el Consejo de Ministros, entró en vigor este jueves, un día después de su publicación en el BOE. Esta norma afecta directamente a unos 5 millones de inquilinos que tienen contratos de alquiler vigentes que vencen antes del 31 de diciembre de 2028. A partir de hoy, estos inquilinos pueden solicitar una prórroga de dos años, garantizada por la Diputación Permanente del Congreso, lo que impide a los propietarios desahuciarlos o subir el precio durante ese periodo. Esta medida, similar a la rechazada en junio, está respaldada por el PNV y Junts, asegurando su aprobación. Además, los precios de alquiler están congelados para las novaciones anuales. Si el precio del piso supera el índice de referencia, la subida máxima es del 2%; si está por debajo, no puede subir. Los contratos de temporada o de habitaciones también se ven modificados: los de habitaciones pasarán a regirse por la LAU, otorgando protección similar a la de la vivienda habitual, incluyendo un plazo de 5 años. Para los inquilinos vulnerables amenazados de desahucio por impago, las administraciones públicas deben ofrecer alternativas residenciales, o bien el Gobierno central cubrirá las deudas. También se limita la compra de viviendas a un 70% del valor de mercado para empresas, reduciendo la especulación. Finalmente, se introduce el programa 'Tu Casa', que permite solicitar un préstamo de hasta 50.000 euros sin intereses para comprar vivienda, con una hipoteca de hasta 30 años y un periodo de amortización a interés cero de 10 años.
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