Las disputas de pago representan un riesgo financiero significativo para los comercios, donde la pérdida económica puede superar ampliamente el valor de la transacción original. En el caso de disputas por productos no recibidos, el vendedor puede enfrentar pérdidas totales que incluyen la reversión de la venta, los costes de envío, las comisiones de procesamiento no reembolsables y una tasa fija por disputa, sumando en un ejemplo concreto 228,87 dólares por una venta de 129 dólares.
Este fenómeno ocurre porque, a diferencia del fraude con tarjeta presente, no existe una regla de transferencia de responsabilidad automática. Mientras que el estándar EMV (Europay, Mastercard y Visa) desplaza la responsabilidad financiera hacia la parte que utiliza la tecnología más débil (el emisor o el comercio), las disputas por entrega dependen exclusivamente de la capacidad del vendedor para presentar pruebas documentales.
Para los negocios, especialmente aquellos con márgenes bajos, estas disputas son críticas. La falta de evidencia de entrega conlleva la pérdida automática del caso, independientemente de la veracidad del reclamo. Además, un volumen elevado de contracargos puede provocar que las entidades adquirentes incluyan al comercio en programas de monitoreo, incrementando las tasas de procesamiento y las comisiones por disputa, lo que agrava la vulnerabilidad financiera del negocio.