España enfrenta una crisis dual en el sector inmobiliario: un déficit de vivienda de 750.000 unidades que podría alcanzar el millón en 2028, y una contracción de la actividad constructora. El Banco de España advierte de que la creación de hogares supera a la construcción, mientras que el índice de producción (IPCO) del INE muestra una caída interanual del 9,8% en julio, acumulando siete meses consecutivos de retroceso. El principal obstáculo no es la burocracia, sino el encarecimiento de los costes de producción. La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) señala que los materiales bituminosos y la energía subieron un 47% en los primeros cinco meses de 2026, una tendencia que se suma a la inflación acumulada por la pandemia y la guerra de Ucrania. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) alertó al Gobierno de la 'máxima preocupación' por la escalada de costes, afectando al 90% de las constructoras. Además, la subida del precio del petróleo Brent y la presión salarial han disparado los costes directos de construcción, que ACR registró un aumento del 5,5% en 2025. Esta combinación de factores ha reducido la rentabilidad de las obras, especialmente en el sector residencial, impidiendo que la construcción de edificios, que cayó un 35,2%, contribuya a corregir el desequilibrio entre oferta y demanda.
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