El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra la derogación de la Ley balear de memoria y reconocimiento democráticos, aprobada en marzo con los votos del PP y Vox. La admisión supone, de forma provisional, dejar sin efecto la supresión de la norma, que se aplicó tras el incumplimiento por parte de los conservadores del pacto alcanzado en diciembre de 2024 con partidos de izquierdas para mantener la ley. La suspensión se fundamenta en el artículo 161.2 de la Constitución, por lo que sus efectos arrancan el 9 de junio para las partes y desde la publicación en el BOE para terceros.
El Ejecutivo central considera que la eliminación de la ley vulnera los artículos 15 y 10.1 de la Constitución, al suprimir el estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y argumenta que invade competencias estatales y quebranta el principio de colaboración entre administraciones, así como los de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad.
La norma, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y reparar simbólicamente a las víctimas del golpe de 1936 y la dictadura. Entre sus medidas destacan la consideración de víctimas para organizaciones sociales, partidos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas y colectivos LGTBI; la nulidad de pleno derecho de sentencias y resoluciones dictadas por motivos políticos durante la dictadura en Baleares; y la incorporación de la memoria democrática en los currículos escolares. El TC deberá ahora pronunciarse sobre el fondo del asunto y decidir si la derogación se ajusta a la Carta Magna.