El Consejo Constitucional de Francia anuló este viernes 14 de agosto la prohibición del uso de redes sociales a menores de 15 años, una ley que debía entrar en vigor a principios de septiembre y que habría convertido al país en el primer Estado europeo de gran tamaño con una restricción activa de este tipo. El máximo órgano constitucional francés consideró que la medida, aprobada por el Parlamento el pasado mes de julio, constituía una vulneración "no adecuada, necesaria ni proporcionada" del derecho a la libertad de expresión y comunicación de los menores.
La decisión responde a una consulta presentada el 23 de julio por los diputados del grupo La France Insoumise (LFI), a la que se sumaron también los socialistas, según recoge el medio alemán Heise. El Consejo Constitucional publicó un comunicado en el que argumenta que la prohibición podría aplicarse a servicios de comunicación en línea "cuyos riesgos para la salud y la seguridad de los menores no están demostrados", al no tener en cuenta "la edad, la situación familiar ni el grado de madurez" del menor. Además, la ley no establecía las condiciones en las que los padres pudieran, "en interés del menor, decidir levantar la prohibición, limitar su alcance o autorizar el acceso a determinados servicios".
La norma, impulsada con fuerza por el presidente Emmanuel Macron, contemplaba que los menores de 15 años no pudieran abrir cuentas en plataformas de redes sociales y que las cuentas ya existentes fueran eliminadas progresivamente, con excepciones únicamente para enciclopedias digitales y plataformas educativas. Sin embargo, el Consejo Constitucional consideró que el veto era demasiado genérico, al abarcar la totalidad de las plataformas de comunicación sin distinción, y que no dejaba margen de maniobra a los padres o tutores legales para evaluar cada caso particular. Precisamente, el Senado francés había abogado por una versión de la ley que contemplara excepciones familiares, pero la Asamblea Nacional impuso su redacción original con un veto absoluto.
Los jueces reconocieron el mandato constitucional de proteger el bienestar infantil, pero concluyeron que la ley tal como estaba redactada era desproporcionada y "pauschal" —aplicada de forma indiscriminada—, sin condicionantes ni mecanismos de graduación. También criticaron que la norma afectara a los derechos de los adultos, al obligarles a aportar pruebas de edad sin una justificación clara.
Tras la sentencia, Macron ha reaccionado con rapidez. Según informó el Palacio del Elíseo, el presidente ha ordenado al primer ministro Sébastien Lecornu reelaborar el texto legislativo para adaptarlo a las exigencias del Consejo Constitucional. El objetivo declarado del Elíseo es que la prohibición sea aprobada y entre en vigor antes de las elecciones presidenciales previstas para la primavera de 2027, lo que evidencia la voluntad política de mantener la iniciativa como una pieza clave del legado de Macron en materia de protección de la infancia.
El caso francés se enmarca en una tendencia europea más amplia. Tal como señala Heise, la ministra de Familia de Alemania, Karin Prien, de la CDU, se ha pronunciado públicamente a favor de una prohibición similar y reclama regulaciones comunes a escala de la Unión Europea. El Parlamento británico aprobó recientemente una medida comparable, aunque su entrada en vigor se ha detenido en la Cámara de los Comunes. Grecia también estudia restricciones similares. Al otro lado del mundo, Australia aplica desde enero una prohibición para menores de 16 años, pero los resultados han sido modestos: entre 4,7 y millones de cuentas han sido suspendidas, aunque numerosos adolescentes sortean la restricción, en algunos casos con la ayuda de sus propios padres.
La decisión del Consejo Constitucional francés supone, en la práctica, un freno temporal a una de las apuestas regulatorias más ambiciosas del continente en materia de digitalización y menores. Las fuentes consultadas coinciden en señalar que el texto podrá ser rehecho, pero el Constitucional ha dejado claro los límites: cualquier prohibición deberá ser proporcionada, diferenciar entre tipos de plataformas y permitir la intervención parental. Mientras el Gobierno de Macron trabaja en una nueva versión, el debate sobre dónde termina la protección de la infancia y dónde comienza la restricción de derechos fundamentales sigue plenamente abierto, tanto en Francia como en el resto de Europa.