El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, por unanimidad en su pleno de este martes, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España contra la ley de Concordia de Extremadura, impulsada por PP y Vox. El Ejecutivo considera que la norma autonómica invade competencias estatales y reduce la protección de las víctimas de la dictadura y la Guerra Civil reconocida en la ley estatal de memoria democrática.
El recurso sostiene que la ley extremeña incumple el deber de colaboración con el Estado, vulnera la dignidad de las víctimas y regula materias reservadas constitucionalmente al Estado. Entre los argumentos principales, el Gobierno alega que la norma reduce derechos como el de verdad, reparación material y moral y garantías de no repetición. Defiende además que la reconciliación social debe construirse sobre la reparación de las víctimas, y no limitarla.
La impugnación también cuestiona la regulación de la cooperación entre las instituciones extremeñas y el Estado, al entender que la ley autonómica supedita la aplicación de la normativa estatal de memoria a su propia legislación de concordia, lo que podría dificultar su aplicación uniforme. A ello se suma la denuncia de invasión de competencias en aspectos procesales y educativos, reservados al Estado.
La admisión a trámite no implica todavía un pronunciamiento sobre el fondo: el tribunal deberá ahora estudiar los argumentos del Gobierno y determinar si los preceptos impugnados se ajustan a la Constitución.