El Congreso de los Diputados ha aprobado las enmiendas presentadas por el Senado para reformar las leyes de dependencia y discapacidad, una medida que el Gobierno califica como la mayor revolución en el sector desde 2006. La norma, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días, afecta a dos leyes de competencia autonómica y busca agilizar los procesos administrativos y mejorar la financiación de los cuidados.
En la Ley de Dependencia, se reduce el plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación de dependencia de seis a tres meses y se eliminan las incompatibilidades para recibir prestaciones, permitiendo a las personas dependientes solicitar ayudas simultáneamente a la teleasistencia y a los centros de día. Además, se amplía el concepto de servicio a domicilio y se reconoce la figura de la persona cuidador principal no profesional, garantizando por ley el abono de cotizaciones y la continuidad de los cuidados en caso de hospitalización.
Para la Ley de Discapacidad, se otorga automáticamente el 33% de discapacidad a quienes tengan grado I de dependencia y el 65% a los grados II y III, desburocratizando el reconocimiento. También se crea un Programa Estatal de Promoción a la Accesibilidad Universal y se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar ayudas económicas en obras de accesibilidad. La reforma fija la atención temprana como derecho subjetivo para niños de cero a seis años y prohíbe la discriminación en seguros de salud.
Estas medidas se acompañan de un incremento de 7.239 millones de euros en las transferencias a las comunidades autónomas para 2027, comprometido al 50% por el Ejecutivo central. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha exigido a las comunidades autónomas reducir las listas de espera a la mitad en 2027 y eliminarlas en 2028. La Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) ha valorado positivamente la reforma, aunque ha lamentado que no se haya eliminado el copago para las personas con enfermedades raras.