La Operación Fuentona, que el martes registró el Ayuntamiento de Soria y detuvo a siete personas —entre ellas la concejala de Turismo, Yolanda Santos—, investiga a la edil por un presunto entramado de contratos públicos irregulares. El Ayuntamiento de Soria abonó entre 2020 y 2024 un total de 287.349,75 euros a Biosfera Soria SL, la empresa en la que Santos tuvo un 33% de participación antes de acceder al cargo en 2019. La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, añadió otros 126.178,04 euros en contratos de 2023 a 2025. Todos los contratos fueron menores y se refieren a actividades similares: gestión de la Lonja Soria en el Mercado Municipal, programas infantiles de conciliación en verano, aulas micológicas y atención al público en espacios naturales. La investigación apunta a que Santos habría utilizado como testaferro a otra política, alcaldesa de un municipio soriano, a la que habría traspasado las participaciones de forma supuestamente ficticia. El PSOE, partido de la edil, alega que la empresa siguió siendo contratada por su trayectoria y por ser una de las pocas especializadas en la provincia. Santos declaró el miércoles ante el juez, abandonó el PSOE y quedó en libertad provisional con comparecencias quincenales, al igual que los otros cinco detenidos. La séptima persona arrestada el miércoles no ha trascendido. El sumario está declarado secreto y los delitos investigados son prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales y organización criminal.
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