El atestado de la Policía Nacional sobre la agresión de un antidisturbios a una profesora durante una manifestación por la huelga educativa del 31 de mayo en València concluye que el agente empleó "la mínima fuerza reglamentaria" y que las lesiones —dos puntos de sutura en la barbilla y contusiones en tórax y mandíbula— se debieron a una "caída accidental" por una "pérdida de equilibrio" cuando el policía trataba de "apartarla" de la vía. El informe, elaborado en la madrugada del 1 de junio y ya incorporado a la causa judicial, sostiene que la unidad antidisturbios se desplazó "a la carrera" tras un grupo que habría roto el cordón policial y realizado una sentada, lo que generó, según la Policía, un "grave peligro" para actuantes, manifestantes y conductores.
Esta versión oficial contradice los vídeos grabados por testigos —difundidos esa misma tarde por redes sociales y medios de comunicación—, en los que se observa a la mujer de espaldas a la carretera y caminando por la calzada, sin que se aprecie que alentara una invasión de la vía ni desobedeciera indicaciones. La agresión motivó que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, calificara la situación de "inaceptable" y anunciara una investigación interna; el agente fue apartado del dispositivo esa misma tarde. La actuación posterior se saldó con cuatro actas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, conocida como ley mordaza, con las correspondientes sanciones económicas para los identificados.
La juez María Teresa de Vidiella García, titular del Juzgado de Instrucción número 16 de València, investiga los hechos tras la querella de la profesora. El sindicato CCOO PV ha presentado otra querella por delitos de lesiones con agravante de abuso de superioridad, contra la integridad moral y denegación de auxilio, y ha pedido la suspensión cautelar de funciones del agente durante el procedimiento.