Un informe conjunto de Mijente, Just Futures Law y Surveillance Resistance Lab revela que la inversión del Gobierno de Estados Unidos en herramientas de vigilancia y de inteligencia artificial para rastrear migrantes se ha disparado durante el segundo mandato de Donald Trump. Los contratos adjudicados por ICE y la CBP a once empresas proveedoras de tecnología pasaron de poco más de 310 millones de dólares en 2025 a 513 millones en 2026, el doble que en 2024, cuando apenas superaban los 150 millones. La tendencia, al alza desde 2013, se ha acelerado en los dos últimos ejercicios.
El crecimiento responde sobre todo a nuevos contratos millonarios con Palantir, pieza central de las operaciones de ICE, y con Anduril, fabricante de torres fronterizas con sensores, drones y sistemas de vigilancia basados en IA. El dinero financia desde intermediarios de datos y software de análisis hasta raspadores de redes sociales, reconocimiento facial, dispositivos de hackeo y software espía, además de drones y torres autónomas. El Departamento de Seguridad Nacional también opera una incubadora valorada en miles de millones que, mediante programas como Silicon Valley Innovation Partnership y SBIR, ha repartido 845 millones de dólares desde 2004 entre 500 empresas, incluidos fondos para Anduril en 2020.
Paromita Shah, directora ejecutiva de Just Futures Law, advirtió de que ICE recibe fondos casi discrecionales con escasa supervisión del Congreso y de que la agencia construye la capacidad de vigilar a personas señaladas como «anti-americanas» tras el memorando sobre terrorismo interno. El DHS usa más de diez herramientas de reconocimiento facial con IA, lo que, según Shah, plantea dudas sobre consentimiento y orden judicial. Palantir negó participar en la recopilación de datos o en la definición de políticas migratorias, y Equifax no respondió a las solicitudes de comentario.