Hace unos años, la puerta de inmigración de Gran Bretaña estaba abierta, permitiendo a los empleadores contratar fácilmente a trabajadores extranjeros a bajos salarios. Ahora, el país ha endurecido drásticamente sus políticas de inmigración, sofocando efectivamente los flujos. El resultado, argumenta The Economist, ha sido autolesión: escasez de mano de obra, menor dinamismo económico y un fallo a la hora de percibir el daño. Dawood Ibtehsam, propietario de una franquicia de McDonald’s en Warwick, recuerda contratar a personas “desde el otro lado del mundo” por 26.000 libras al año; esa flexibilidad ha desaparecido. El artículo advierte que el enfoque del país en reducir los números, sin tener en cuenta las habilidades y la energía que aportan los inmigrantes, socava el crecimiento. Este cambio se considera una victoria política para el sentimiento antiinmigración, pero una pérdida económica para las empresas y los servicios públicos que antes dependían del talento extranjero. Gran Bretaña puede haber logrado su objetivo de reducir la inmigración, pero corre el riesgo de causar daños a largo plazo a su competitividad y tejido social.
El alto coste de una puerta cerrada: cómo la represión migratoria de Gran Bretaña tiene efectos contraproducentes
