El almacén de gas Castor: 13 años, 1.700 millones y más de 1.000 seísmos sin haber funcionado

Frente a la costa de Vinaròs, a 1.750 metros bajo el lecho marino, permanece desde hace más de una década el almacén subterráneo de gas Castor, una infraestructura que nunca llegó a operar comercialmente y que ha costado a la Administración y a los consumidores cerca de 1.700 millones de euros, según cálculos del ministro José Manuel Soria en 2013. El proyecto, concedido por el Real Decreto 855/2008 a la sociedad Escal UGS —participada mayoritariamente por ACS, la empresa de Florentino Pérez— durante 30 años prorrogables, incluía una cláusula que garantizaba el pago de las instalaciones a la concesionaria incluso en caso de dolo o negligencia.

En 2013, las pruebas de inyección provocaron más de 400 microseísmos en Castellón y Tarragona, con lo que el Gobierno paralizó la actividad. Estudios del MIT, Harvard y la Universidad Politécnica de Madrid confirmaron que la presión del gas reactivó una falla cercana y ha generado más de 1.000 seísmos registrados. El Estado abonó a Escal 1.350 millones en 2014 —primero a través de un decreto declarado inconstitucional y, desde 2020, directamente a Santander, CaixaBank y Bankia, que habían financiado a la concesionaria—. El Constitucional anuló la indemnización por defectos de forma, pero el Supremo obligó después al Estado a reembolsar a los bancos. En paralelo, la Audiencia de Castellón absolvió a Escal y a dos directivos del delito medioambiental.

El almacén continúa sellado y en hibernación técnica, con un coste adicional de 200 millones para su mantenimiento y 50 millones más previstos para su desmantelamiento, cuya finalización se anuncia “este verano” sin que se haya confirmado. La CNMC reclama además 368 millones a cinco firmas por cobros considerados indebidos.