La convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre ha dejado en suspenso varios expedientes regulatorios del sector eléctrico en España, que dependen de la formación del nuevo Gobierno. El Ministerio para la Transición Ecológica había presentado una propuesta para la electrificación de la red de transporte, diseñada para adaptar las infraestructuras a la descarbonización y al aumento de la demanda industrial. Dado que su tramitación requiere informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y afecta a gobiernos autonómicos, su aprobación final quedará en manos de la decisión electoral, con una alta probabilidad de retraso.
Además, la propuesta de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, para aumentar la capacidad de la red en 27.700 megavatios para aliviar su saturación, podría verse retrasada. Aunque se aprobó un mercado de capacidad en septiembre de 2026, la primera subasta podría diferirse, manteniendo al sistema eléctrico dependiente del SRAD para equilibrar la red. También se encuentra en el aire la regulación de la producción eléctrica en Ceuta y Melilla, así como la interconexión submarina con Ceuta, que reduciría la dependencia de la generación local.
Finalmente, la regulación de los centros de datos, que contemplaba que el 80% de su consumo se hiciera con generación renovable ajustable, enfrenta más de 10.500 alegaciones. Aunque el Gobierno pretende aprobar esta normativa antes de las elecciones, la incertidumbre sobre la prioridad de estos proyectos energéticos, que tardan años en desarrollarse, representa un riesgo significativo para la planificación del sector.