El acuerdo de 18.000 millones de dólares que Meta firmó con los fiscales generales de 29 estados incluye una cláusula que exime a la compañía de ser demandada por las leyes de protección de menores en relación con la retención y el uso de datos de niños. Esa dispensa se concede con un objetivo acotado: entrenar y probar el modelo de verificación de edad que Meta debe desarrollar en un año para identificar a usuarios menores de 13 años en sus plataformas.
El pacto obliga a Meta a aislar los datos y señales de comportamiento de los menores y a utilizarlos únicamente para detectar y eliminar cuentas infantiles, sin destinarlos a publicidad, marketing ni optimización algorítmica. Un auditor independiente supervisará el cumplimiento. COPPA, la ley federal de privacidad infantil, suele restringir la recopilación y conservación de datos de menores, y el acuerdo señala que Meta no debería tener que vulnerarla para entrenar o aplicar sus modelos.
Expertos jurídicos consultados por TechCrunch subrayan que la cláusula es razonable en términos de cumplimiento normativo, pero advierten de que la Comisión Federal de Comercio (FTC), principal garante federal de COPPA y no firmante del pacto, no ha aceptado esa misma exención. Además, sostienen que el blindaje podría desincentivar futuras acciones legales de los estados si surgen dudas sobre el uso de los datos por parte de Meta, y que delimitar si Meta respeta los límites del acuerdo podría resultar complejo.