La huelga general convocada para el 11 de noviembre de 2026, conocida como el 11N, ha generado un intenso debate sobre su eficacia y alcance real en la economía española. Aunque los sindicatos la califican de éxito rotundo con niveles de respaldo entre el 41% y el 75%, la patronal CEOE la considera un fracaso con un apoyo mínimo del 5%. El detonante fue la crisis de la vivienda, un problema social que no está directamente vinculado a los derechos laborales, lo que ha complicado la narrativa tradicional de la protesta.
El impacto visible fue innegable: piquetes, manifestaciones multitudinarias, cortes de carreteras y disturbios con decenas de detenidos en ciudades como Barcelona y Madrid. Sin embargo, medir el alcance laboral y económico es complejo debido a la transformación estructural de la economía. El sector terciario representa más del 65% del PIB y el 76,5% de la población ocupada, mientras que el teletrabajo afecta a unos 3,2 millones de personas. Además, la automatización y la digitalización, impulsadas por la inteligencia artificial, dificultan la contabilidad de paros en cadenas de producción tradicionales.
Para cuantificar el impacto, los analistas recurren a métricas indirectas, destacando el consumo de energía eléctrica. Red Eléctrica Española (REE) publica diariamente informes que comparan la previsión de demanda con el consumo real, permitiendo detectar caídas en la red eléctrica que podrían evidenciar la magnitud de la paralización industrial y comercial.
