La Electronic Frontier Foundation (EFF) presentó una memoria amicus curiae para instar al Tribunal de Apelaciones de Washington D.C. a anular una restricción de vuelo de la Administración Federal de Aviación (FAA) que criminalizaba la grabación de agentes de inmigración. El caso, Levine v. FAA, cuestiona la validez de una norma que prohibía el uso de drones para documentar a oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo a ICE y CBP, incluso si el dron se encontraba a más de medio milla de distancia. Aunque la FAA retiró la restricción en abril, los demandantes argumentan que la retirada no evitó la revisión judicial y que los pilotos aún podrían ser sancionados por violaciones ocurridas durante la vigencia de la norma. La memoria destaca que los drones ofrecen perspectivas únicas y son más seguros y económicos que los helicópteros para documentar protestas y desastres naturales. Los defensores de la libertad de prensa sostienen que la restricción es una limitación basada en el contenido que viola la Primera Enmienda, ya que no existe un interés gubernamental válido que justifique prohibir la recopilación de información mediante drones. Esta disputa es crucial en un contexto donde el gobierno invierte miles de millones en tecnología anti-drones, lo que podría facilitar la vigilancia de periodistas y ciudadanos que buscan documentar abusos gubernamentales.
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