La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto imponer un cargo de 100.000 dólares a los estudiantes internacionales para participar en el programa de entrenamiento práctico opcional (OPT) tras completar sus estudios. Esta medida, anunciada recientemente, obligaría a las instituciones académicas a financiar el programa, que permite a los estudiantes extranjeros trabajar en el país durante hasta tres años después de graduarse. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justifica la iniciativa con el objetivo de combatir el fraude y proteger a los trabajadores estadounidenses, aunque proyecciones indican que la matrícula podría caer un 44% y las universidades pagarían entre 8.400 y 16.500 millones de dólares anuales.
Un análisis de Michael Clemens, economista de la Universidad Johns Hopkins, estima que la matrícula de estudiantes con título de posgrado se reduciría a la mitad y la de máster sería prácticamente nula. Esta restricción afectaría gravemente al flujo de talento en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), sector que atrae al 70% de los estudiantes de doctorado internacionales. La propuesta se suma a otras medidas restrictivas, como un recargo de 100.000 dólares en visas para investigadores en 2025, que redujo las solicitudes en un 90%. Expertos advierten que estas restricciones podrían eliminar la principal vía de entrada de talento global, reduciendo la fuerza laboral STEM de EE.UU. entre un 6% y un 11% en una década. Además, se proyecta una pérdida de ingresos universitarios de 2.500 a 4.200 millones de dólares anuales, lo que podría alterar la composición demográfica de los estudiantes que eligen estudiar en el país.