El Departamento de Justicia de Estados Unidos está procesando por primera vez a un ciudadano estadounidense por utilizar una "contraseña de coacción" diseñada para borrar el contenido de su teléfono móvil cuando fue interceptado por agentes federales en un aeropuerto. Se trata de Samuel Tunick, residente de Atlanta, quien enfrenta cargos federales por supuestamente destruir pruebas tras aterrizar en el aeropuerto Hartsfield-Jackson el 24 de enero de 2025 procedente de un viaje internacional.
Según la acusación, a la que tuvo acceso TechCrunch, Tunick habría facilitado a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) un código que, en lugar de desbloquear el dispositivo, activó una función de borrado inmediato. Cuando los agentes introdujeron la contraseña, "la pantalla se quedó en blanco, parpadeó varias veces y el teléfono pareció reiniciarse", según recoge el expediente judicial. Los agentes confiscaron igualmente el dispositivo antes de permitirle la entrada al país.
El caso gira en torno a una funcionalidad incluida en GrapheneOS, un sistema operativo alternativo basado en Android que suele instalarse en dispositivos Google Pixel. Esta aplicación permite al usuario configurar un código específico que, al ser introducido en lugar de la contraseña real, borra por completo el contenido del teléfono. La defensa confirmó que el dispositivo de Tunick utilizaba este software.
Los abogados de Tunick presentaron una moción para suprimir las pruebas obtenidas, argumentando que la detención y confiscación fueron ilegales. Según la defensa, los agentes fronterizos retuvieron a Tunick en una inspección secundaria, le negaron repetidamente el acceso a un abogado y no le informaron de sus derechos legales. Los letrados sostienen además que las autoridades utilizaron como pretexto la búsqueda de imágenes de explotación infantil para acceder a su teléfono, cuando en realidad lo investigaban por su presunta vinculación con el movimiento ambiental Defend the Atlanta Forest, opuesto a la construcción de un centro de entrenamiento policial conocido como "Cop City".
El Gobierno estadounidense sostiene, por su parte, que no necesitaba una orden judicial para registrar el teléfono porque Tunick todavía no había sido autorizado a entrar formalmente en el país. Esta interpretación se basa en la doctrina de la "zona fronteriza funcional", que sostiene que los agentes pueden inspeccionar dispositivos sin orden judicial en los puntos de entrada al territorio.
Los fiscales han acusado a Tunick en virtud de una ley federal poco utilizada, la 18 U.S.C. § 2232, que penaliza la destrucción o daño intencionado de propiedad para impedir su decomiso por parte de las autoridades. Matthew Dodge, asistente de defensor público federal que forma parte del equipo legal de Tunick, declaró a TechCrunch que resulta "increíblemente raro" ver esta ley aplicada en una acusación de este tipo.
Expertos en seguridad consultados por TechCrunch coincidieron en que nunca habían visto un caso similar. Bill Buddington, tecnólogo senior de la Electronic Frontier Foundation, y Runa Sandvik, fundadora de la consultora de seguridad Granitt, confirmaron la inexistencia de precedentes. "No había visto esto antes, aunque he discutido el escenario potencial con activistas y periodistas a lo largo de los años", señaló Sandvik, quien añadió que el caso sirve como recordatorio de que las autoridades pueden argumentar que el usuario destruyó datos de forma deliberada.
La organización Atlanta Solidarity Fund, a la que pertenece Marlon Kautz —miembro también del movimiento Stop Cop City—, defendió el derecho de los ciudadanos a proteger sus datos frente a registros que consideran inconstitucionales.
El tribunal federal de Atlanta que supervisa el caso tiene previsto pronunciarse sobre la moción de supresión de pruebas antes de que finalice el año. Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió a las solicitudes de comentario de los medios.
De prosperar la acusación, el caso sentaría un precedente significativo sobre los límites del derecho a la privacidad digital en las fronteras estadounidenses, donde las garantías constitucionales que rigen dentro del territorio no siempre se aplican de la misma manera. La defensa sostiene que cualquier dato obtenido —incluida la propia prueba del borrado— debería ser declarado inadmisible al considerar que la actuación policial fue ilegal desde el inicio.