El Departamento de Justicia de Estados Unidos está procesando por primera vez a un ciudadano estadounidense por supuestamente haber utilizado una 'contraseña de coacción' (duress password) para borrar el contenido de su teléfono móvil cuando agentes de aduanas intentaron registrarlo en la frontera. Se trata de Samuel Tunick, residente de Atlanta, cuyo caso sienta un precedente inquietante sobre los derechos digitales de los viajeros y las facultades del Gobierno federal en los puestos fronterizos.
Según la acusación federal, a la que tuvo acceso TechCrunch, los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2025, cuando Tunick regresaba a Estados Unidos por el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) lo condujeron a una inspección secundaria, le negaron reiteradamente el acceso a un abogado y no le informaron de sus derechos legales, según denunciaron sus abogados en una moción para suprimir la evidencia.
El caso gira en torno a una función integrada en GrapheneOS, un sistema operativo alternativo basado en Android que puede instalarse en dispositivos Google Pixel y que permite al usuario configurar una contraseña específica que, al ser introducida, borra por completo el contenido del teléfono. Cuando los agentes pidieron a Tunick la clave de desbloqueo y este proporcionó la contraseña de coacción, la pantalla quedó en blanco, parpadeó varias veces y el dispositivo pareció reiniciarse. Las autoridades confiscaron el teléfono igualmente y, poco después, le permitieron entrar al país.
La Fiscalía imputa a Tunick un estatuto federal poco habitual (18 U.S.C. § 2232) que penaliza la destrucción intencionada de bienes para impedir su decomiso por parte de las autoridades. Matthew Dodge, defensor público asistente federal que forma parte del equipo legal de Tunick, declaró a TechCrunch que es 'increíblemente raro' ver esa norma aplicada en una acusación penal. Tanto Bill Buddington, tecnólogo senior de la Electronic Frontier Foundation (EFF), como la experta en seguridad digital Runa Sandvik, fundadora de Granitt, afirmaron no tener conocimiento de un caso similar que involucrase el uso de contraseñas de coacción.
La defensa sostiene que la retención y el decomiso del teléfono fueron ilegales y que, por tanto, cualquier evidencia derivada de ellos —incluida la supuesta destrucción de datos— debe ser descartada. Según la moción, los agentes fronterizos alegaron inicialmente que buscaban imágenes de explotación infantil, pero los abogados de Tunick consideran que se trataba de un pretexto para investigar su presunta relación con el movimiento Defend the Atlanta Forest, que se opone a la construcción de un polémico centro de entrenamiento policial apodado 'Cop City'. Marlon Kautz, miembro del Atlanta Solidarity Fund, declaró al diario The Guardian que 'todos tenemos derecho a proteger nuestros datos privados frente a búsquedas inconstitucionales'.
El Gobierno estadounidense ha sostenido durante décadas que la frontera no se considera territorio estadounidense pleno hasta que una persona es autorizada a entrar en el país, lo que en la práctica permite registros y decomisos de dispositivos sin orden judicial. Los abogados de Tunick han cuestionado precisamente esa doctrina, al denunciar que no se presentaron pruebas que justificasen las sospechas contra su cliente.
Expertos en seguridad consultados por la prensa estadounidense coinciden en que el caso podría tener un efecto disuasorio sobre periodistas, activistas y viajeros en general. Sandvik aconsejó no llevar datos sensibles al cruzar determinadas fronteras y descargarlos únicamente al llegar al destino. La EFF, por su parte, ha publicado guías sobre cómo proteger los dispositivos y qué derechos asisten a los viajeros en los controles fronterizos.
Se espera que el tribunal federal de Atlanta que lleva el caso resuelva en los próximos meses la moción de supresión presentada por la defensa. Tunick se ha declarado no culpable y enfrenta un proceso que podría redefinir los límites entre la seguridad nacional, la privacidad digital y los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses en la frontera.