El Departamento del Interior de Estados Unidos, a través del Buró de Administración de Tierras (BLM), ha presentado la primera reforma integral desde 1995 de las normas que regulan el pastoreo de ganado en 155 millones de acres de tierras públicas en el Oeste, una superficie equivalente al doble de Nuevo México. La propuesta busca ampliar la actividad ganadera —vacuno, ovino y otros rebaños— pese a que expertos en manejo de pastizales sostienen que el sobrepastoreo ya ha degradado esos ecosistemas.
La iniciativa también recorta de forma significativa la participación pública en las decisiones de la agencia. El nuevo texto restringe quiénes pueden intervenir y en qué momento, y elimina buena parte de los pasos que permitían a la ciudadanía observar y comentar las resoluciones sobre la emisión o renovación de permisos de pastoreo. Un empleado del BLM especializado en manejo de pastizales afirmó que «claramente están intentando reducir la implicación de cualquiera que no sea ganadero».
Tras un periodo de comentarios públicos que comenzó con la publicación de la norma en mayo, el texto volverá a la agencia a mediados de julio para su revisión. En un comunicado de junio, el BLM enmarcó la reforma como parte de la prioridad de la Administración Trump de «reducir cargas regulatorias innecesarias y fortalecer las economías locales». Empleados actuales y ex empleados consultados por ProPublica y High Country News reconocieron, no obstante, que la actualización obligará al BLM a estudiar por primera vez el impacto ecológico de todos los usos de las tierras públicas —madera, minería, petróleo o recreación— y no solo del pastoreo, donde revisiones previas han documentado decenas de millones de acres dañados.
