El Gobierno de Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo de 1.200 millones de dólares (unos 892 millones de libras) con la energética alemana RWE para que la compañía abandone sus proyectos de energía eólica marina en aguas estadounidenses, según confirmaron ambas partes. A cambio, RWE se compromete a reinvertir el dinero en proyectos de gas natural, incluyendo 900 millones de dólares en una terminal de exportación de gas natural licuado (GNL) en Luisiana, además de 300 millones adicionales en turbinas de gas para alimentar 15 plantas de generación eléctrica de pico repartidas por el país.
Según explicó RWE en un comunicado, "tras una cuidadosa consideración, se determinó que no existe un camino viable para obtener los permisos de estos proyectos en Estados Unidos en el futuro previsible". La empresa renunciará así a sus arrendamientos frente a las costas de California y Luisiana, así como en la zona conocida como New York Bight, donde el parque eólico habría generado más de 3 gigavatios de capacidad, según datos publicados por Heatmap News y recogidos por TechCrunch.
El acuerdo supone un nuevo capítulo en la ofensiva del presidente Donald Trump contra la energía eólica marina, una política que el propio Trump ha defendido con una retórica contundente. Días después de regresar a la Casa Blanca, el mandatario declaró que "no vamos a hacer lo de los aerogeneradores" y calificó las instalaciones como "aerogeneradores grandes y feos" peligrosos para la fauna. Su campaña electoral se articuló bajo el lema "drill, baby, drill" (perfora, baby, perfora), en favor de los combustibles fósiles.
El secretario del Interior, Doug Burgum, celebró el acuerdo en un mensaje publicado en X, afirmando que los estadounidenses merecen un sistema energético construido sobre el sentido común y no dependiente de "costosas subvenciones". "Damos la bienvenida al acuerdo de RWE y a su inversión voluntaria en proyectos que refuerzan la seguridad energética de nuestra nación", añadió.
El acuerdo con RWE se inscribe en una estrategia más amplia de la Administración Trump para frenar el desarrollo eólico marino. En marzo de 2026, el Departamento del Interior ya cerró un pacto similar con la francesa TotalEnergies, que abandonó sus proyectos eólicos para redirigir su inversión a una planta de GNL en Texas y al desarrollo de petróleo convencional en el Golfo de México. Más recientemente, el Gobierno firmó un acuerdo de 129.000 millones de dólares con la empresa con sede en Charlotte, Duke Energy, a cambio de la cancelación de su arrendamiento eólico en Carolina Long Bay. En total, según TechCrunch, la Administración Trump ha pagado 3.930 millones de dólares por los 12 arrendamientos eólicos que ha conseguido que los desarrolladores abandonen.
RWE no dará la espalda a la eólica marina de forma global, ya que la empresa anunció que adquirió 6,9 gigavatios de capacidad en la reciente subasta del Reino Unido. A pesar de ello, la compañía prevé invertir aproximadamente 17.000 millones de euros (unos 14.500 millones de libras o 19.600 millones de dólares) en Estados Unidos durante los próximos seis años para ampliar su capacidad de generación, lo que evidencia que la energética alemana no abandona el mercado estadounidense, sino que reorienta radicalmente su estrategia hacia los hidrocarburos.
El destino de los 300 millones destinados a turbinas de gas plantea interrogantes adicionales. Las plantas de generación de pico, que se activan en momentos de máxima demanda eléctrica, se encuentran entre las más caras y contaminantes dentro del parque de gas natural. Además, segúnTechCrunch, existe un importante cuello de botella en la entrega de nuevas turbinas, con retrasos que se extienden hasta principios de la década de 2030, lo que podría retrasar la materialización efectiva de esta parte del acuerdo.
El caso de RWE ilustra con claridad el giro de la política energética estadounidense: el Ejecutivo no solo elimina los incentivos a las renovables, sino que paga directamente a las empresas para que redirijan sus inversiones hacia los combustibles fósiles. Mientras los críticos advierten sobre el impacto climático de esta estrategia y el retroceso en los compromisos de descarbonización, la Administración defiende que prioriza la seguridad energética y la reducción de costes para los consumidores. La reciente subasta récord en Reino Unido, donde RWE apostó fuerte por la eólica marina, sugiere que la compañía no cuestiona la viabilidad de esta tecnología, sino la falta de un marco regulatorio estable en Estados Unidos para desarrollarla.