La administración de Donald Trump utiliza el programa federal HIDTA, creado en la década de 1980, para obligar a las ciudades de todo el país a canalizar los datos de lectura automática de matrículas (ALPR) hacia centros de vigilancia federal bajo la jurisdicción de la Casa Blanca. Según documentos públicos y registros judiciales revisados por 404 Media, el gobierno federal agrupa estos datos en servidores federales, donde son accesibles para otras agencias de aplicación de la ley federal, estatal y local. Este mecanismo permite que la DEA y la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas (ONDCP) accedan a datos de cámaras privadas como Flock y Axon, incluso cuando las ciudades imponen restricciones locales sobre su uso.
El programa HIDTA, que abarca 33 centros en los 50 estados, opera como un programa de seguridad pública multijurisdiccional que financia centros de inteligencia y esfuerzos de aplicación de la ley. La complejidad del sistema genera preocupaciones significativas de privacidad y transparencia, ya que el gobierno federal puede acceder a datos que normalmente no podría obtener sin supervisión clara. Jeramie Scott, del Electronic Privacy Information Center, señaló que esta estructura añade una capa de opacidad similar a la utilizada para la base de datos de llamadas Hemisphere, que recopiló más de un billón de registros. En Georgia, por ejemplo, las ciudades deben firmar memorandos de entendimiento para operar cámaras ALPR en carreteras estatales, obligándolas a enviar los datos a HIDTA. Esta dinámica permite a la administración federal evadir procesos democráticos y acceder a información masiva de vigilancia a través de sistemas fragmentados y privados.