El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha dado un paso decisivo en su estrategia para frenar el acceso chino a la infraestructura de inteligencia artificial avanzada, al publicar una norma provisional que exige licencias para la exportación y reexportación de chips de IA y servidores a centros de datos ubicados fuera de EE. UU. Esta medida, que entrará en vigor el 19 de noviembre, busca cerrar las brechas que permitían a las empresas chinas acceder a la potencia de cómputo de Nvidia y otros fabricantes estadounidenses a través de centros de datos en países como Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Brasil, Sudáfrica y Noruega. La iniciativa se enmarca en un contexto de tensión geopolítica y tecnológica, agravado por el reciente escándalo de espionaje que involucró a Megaspeed y a Jensen Huang, cofundador de Nvidia, quien dimitió el 12 de noviembre tras revelarse que una supuesta espía china había accedido a información sensible de la empresa.
La norma, conocida como la regla interina (interim rule), establece que las empresas deben obtener licencias para exportar, reexportar o transferir chips de IA avanzados y servidores a cualquier centro de datos en el mundo si estos pueden proporcionar capacidad de cómputo a empresas de China u otros países restringidos. El objetivo es prevenir que las empresas chinas evadan los controles de exportación físicos al alquilar infraestructura remota en el extranjero. Según el documento, esta restricción es una extensión lógica de las reglas existentes, diseñada para socavar la capacidad de las empresas con sede en países de preocupación para utilizar semiconductores de superinteligencia (SI) avanzados para entrenar modelos de IA de alto rendimiento. La medida aplica específicamente a la lista D:5 de países embargados, que incluye China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros 18 países.
El umbral de potencia de cómputo que activa estas restricciones es de 12 millones de unidades de rendimiento de procesamiento (TPP), una métrica que equivale aproximadamente a la capacidad máxima de unos 750 chips Nvidia H100 o H200. Además, la regulación cubre el acceso indirecto a través de intermediarios o brokers, obligando a los exportadores y operadores de centros de datos a vigilar la estructura de propiedad de sus clientes para asegurar que no estén controlados por entidades de la lista D:5. La norma también introduce nuevos requisitos de licenciamiento para la exportación de semiconductores avanzados a países del sudeste asiático y Sudamérica, argumentando que estos destinos presentan un riesgo de desvío superior al normal. Sin embargo, se establecen excepciones claras: las empresas con sede en EE. UU. que operen en otros países podrán seguir enviando chips sin licencia, y los centros de datos utilizados exclusivamente para sistemas de recomendación comercial, como los de comercio electrónico o redes sociales, quedarán excluidos de estas restricciones.
El contexto de esta decisión es crucial. Durante años, el embargo directo de Nvidia a China tenía un hueco: aunque la empresa no podía vender hardware directamente a clientes chinos, estas podían alquilar potencia de cómputo en terceros países. El escándalo con Megaspeed, una empresa que se cree que ha comprado miles de chips de Nvidia para proporcionar capacidad a empresas chinas, ha acelerado la urgencia de la administración Trump. El Departamento de Comercio ha rescindido la 'AI Diffusion Rule' de la administración Biden de 2025, que imponía límites por país a la exportación de chips de IA avanzados, argumentando que añadía restricciones innecesarias. La nueva norma busca alinear las reglas del acceso remoto con las del acceso físico, cerrando el grifo de la capacidad de cómputo que las empresas chinas han estado utilizando para mantener su ventaja competitiva en IA.
Las implicaciones de esta medida son profundas. Por un lado, representa un endurecimiento significativo de las políticas de seguridad nacional y tecnología de EE. UU., limitando la capacidad de China para desarrollar modelos de IA de superinteligencia que podrían amenazar la seguridad nacional o los intereses de política exterior de Estados Unidos. Por otro lado, la medida podría afectar a la cadena de suministro global, ya que muchos centros de datos en el sudeste asiático y Sudamérica están integrados en la infraestructura de IA global. La entrada en vigor de la norma, prevista para el jueves 19 de noviembre, obliga a los operadores existentes a obtener licencias en un plazo de 90 días. La administración Trump ha justificado la medida afirmando que el acceso a esta potencia de cómputo puede utilizarse para entrenar y ejecutar modelos de IA avanzados capaces de apoyar actividades militares e inteligencia que amenazan la seguridad nacional. Con esta norma, Estados Unidos intenta no solo regular el flujo de hardware, sino también el flujo de datos y la infraestructura de cómputo, marcando un nuevo paradigma en la geopolítica tecnológica.
