El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha instruido a ciudadanos y no ciudadanos que notifiquen formalmente al gobierno si participan en actividades públicas que promuevan los objetivos de un poder extranjero, bajo la amenaza de responsabilidad criminal. Esta medida, anunciada tras declaraciones del presidente Donald Trump que califican la oposición a la inteligencia artificial como una conspiración traicionera originada en China, busca deslegitimar a los críticos de los centros de datos. El comisionado del Senado Tom Cotton solicitó a la Fiscalía una investigación sobre influencias extranjeras en la infraestructura de IA, citando a la red de organizaciones sin fines de lucro de Neville Roy Singham. Asimismo, el comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes presionó al FBI para investigar campañas de influencia extranjeras. Figuras como David Sacks y Kevin O’Leary han amplificado esta narrativa, aunque O’Leary ha admitido posteriormente la falta de evidencia de financiación china por parte de los grupos que acusa. Un sondeo de Gallup revela que el 71 por ciento de los estadounidenses se opone a la construcción de centros de datos de IA en su área, desafiando la premisa de que la resistencia es un artefacto de la influencia extranjera.
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