eBay y tres de sus antiguos ejecutivos acordaron pagar 55,7 millones de dólares —cerca de 56 millones según la cifra redondeada— para resolver la demanda civil presentada por David e Ina Steiner, la pareja de Massachusetts que dirige el boletín EcommerceBytes y que en 2019 fue víctima de una extraordinaria campaña de acoso y ciberacoso orquestada desde las altas esferas de la compañía.
El acuerdo, anunciado esta semana, pone fin a un caso judicial que conmocionó al sector tecnológico por la escalada de violencia y crueldad desplegada contra dos periodistas que se limitaban a cubrir, en ocasiones con tono crítico, las actividades del gigante del comercio electrónico. La distribución de la suma revela el grado de responsabilidad atribuido a cada implicado: eBay aportará 46,15 millones de dólares; el exdirector ejecutivo Devin Wenig, 2 millones; la antigua vicepresidenta sénior de operaciones globales Wendy Jones, 500.000 dólares; y el exdirector de comunicaciones Steve Wymer, 50.000 dólares. La compañía destinará además 6 millones de dólares a organizaciones sin ánimo de lucro, según confirmó The Verge a partir de documentos del bufete Scalli Murphy.
Los hechos que motivan el acuerdo se remontan a 2019. La pareja había publicado coberturas críticas sobre eBay en su boletín, lo que habría encendido las alarmas en la cúpula de la empresa. De acuerdo con documentos judiciales citados por TechCrunch, altos ejecutivos —entre ellos el propio Wenig— habrían ideado un plan coordinado para intimidar a los Steiner y silenciar sus publicaciones. La campaña incluyó el envío de artículos insólitos y perturbadores: insectos vivos —arañas y cucarachas—, una máscara de cerdo ensangrentada, una corona fúnebre, revistas pornográficas, cartas anónimas amenazantes e incluso un libro sobre la supervivencia tras la muerte de un cónyuge, en una referencia macabra a la posibilidad de un fatal desenlace.
La dimensión del acoso no se quedó en el correo. Los ejecutivos habrían creado cuentas falsas en redes sociales —los llamados 'sock puppets'— para acosar a la pareja, divulgados sus datos personales y abordado planes que, aunque no llegaron a ejecutarse, resultan igualmente reveladores del calibre de la respuesta: la colocación de un dispositivo de rastreo GPS en el coche de los Steiners y el envío de una supuesta 'banda samoana' a su domicilio. Wired describe el caso como 'posiblemente la campaña de acoso más perturbadora jamás liderada por una gran tecnológica contra sus críticos'.
El caso ya había tenido consecuencias penales. En 2020, el Departamento de Justicia imputó a siete exempleados y exempleadas de eBay —siete según TechCrunch y Wired, seis exempleados más un contratista—: James Baugh, exdirector de seguridad; David Harville; Brian Gilbert; Stephanie Popp; Stephanie Stockwell; Philip Cooke; y la excontratista Verónica Zea. Todos se declararon culpables. Baugh, considerado uno de los cabecillas, fue condenado a casi cinco años de prisión. En enero de 2024, eBay aceptó pagar una multa penal de 3 millones de dólares en el marco de ese proceso federal.
El comunicado oficial de eBay, reproducido tanto por The Verge como por TechCrunch, reconoce que lo sufrido por los Steiner fue 'incorrecto, reprensible y nunca debió haber ocurrido' y condena 'en los términos más enérgicos posibles' a los empleados que perpetraron los hechos y se declararon culpables. La compañía insiste en que su comportamiento 'no representa la cultura de eBay', una afirmación que ha generado cierto escepticismo dado el nivel jerárquico de algunos de los responsables identificados en la documentación judicial.
Christopher Murphy, uno de los abogados de los Steiner, declaró que 'este caso siempre fue más allá de obtener una compensación financiera'. Según el letrado, los clientes buscaban 'descubrir la verdad, proteger a periodistas y editores, exigir cuentas a los responsables, disuadir futuras conductas corporativas indebidas y garantizar que nadie más tuviera que soportar lo que ellos vivieron'. Esa dimensión preventiva cobra especial relevancia en un momento en que la relación entre grandes tecnológicas y medios independientes vuelve a estar bajo escrutinio.
Aunque el acuerdo civil supone un cierre formal, quedan interrogantes abiertos. El monto total —casi veinte veces superior a la multa penal ya abonada— sugiere que los tribunales civiles están dispuestos a sancionar con mayor contundencia los abusos corporativos cuando se demuestra la implicación directa de la alta dirección. A la espera de las reacciones de los afectados y de eventuales reformas internas en eBay, el caso queda como un precedente incómodo para cualquier compañía que considere que la crítica periodística merece una respuesta que no sea la legalmente prevista.