El Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha citado como investigados a dos personas vinculadas al grupo parlamentario de Vox en la Región de Murcia por la presunta comisión de un delito de falsificación documental. Los investigados son un asesor y la coordinadora del grupo, en relación con la documentación presentada para formalizar el cese de José Ángel Antelo como portavoz. También ha sido llamada a declarar como testigo la diputada Virginia Martínez, quien se desmarcó de la decisión de sustituir a Antelo por Rubén Martínez Alpañez.
La controversia comenzó en marzo cuando Vox intentó sustituir a Antelo mediante un certificado digital del grupo parlamentario, una acción que Antelo denunció como realizada sin su autorización. La Mesa de la Asamblea Regional inicialmente rechazó el escrito por las dudas sobre la validez del certificado y la falta de formalidades internas. Tras la aceptación posterior del Parlamento, Antelo acudió a los juzgados el 16 de julio para ratificar su denuncia por falsificación de firma, falsedad en documento oficial y usurpación de identidad.
El artículo 390 del Código Penal contempla penas de entre tres y seis años de prisión para este delito. Antelo ha señalado que la investigación debe determinar quién realizó materialmente la presentación electrónica y bajo qué instrucciones se actuó, destacando que la letrada de la Asamblea Regional había advertido inicialmente de las irregularidades.