El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que ejecutó la restructuración más profunda del Estado federal en una generación, ha finalizado formalmente sin ofrecer un balance público de sus actos. La Administración Trump sostiene que DOGE no fue una agencia con autoridad independiente, sino un órgano asesor del presidente, por lo que sus registros se rigen por la Ley de Registros Presidenciales y no son accesibles vía FOIA hasta cinco años después de finalizado el mandato.
Esa interpretación impide verificar la preservación de los archivos y crea un vacío de supervisión preocupante. Una investigación de Wired reveló que la Junta Nacional de Relaciones Laborales eliminó cuentas digitales del equipo DOGE antes de que los investigadores federales pudieran auditarlas, tras una denuncia que alertaba sobre accesos sin restricciones a datos sensibles de denunciantes. Esa destrucción podría haber comprometido una investigación federal y vulnerado la Ley de Registros Federales.
La organización autora del artículo, Freedom of the Press Foundation, junto a Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, han presentado demandas para forzar la conservación de los registros. Paralelamente, la Casa Blanca ha adoptado un dictamen de la Oficina de Asesoría Legal que declara inconstitucional la propia Ley de Registros Presidenciales, lo que en la práctica permitiría al presidente destruir archivos oficiales a discreción. Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, confirmó en una audiencia que la Casa Blanca no publicará un informe final sobre costes ni recortes de DOGE. La opacidad, advierte la columna, sienta un precedente peligroso para la rendición de cuentas democrática.