Un análisis de documentos del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas ha desvelado la doble moral de la institución franquista del Patronato de Protección a la Mujer, que operó entre 1941 y 1985. Entre los registros conservados se encuentra un caso que ejemplifica la 'justicia patriarcal': el arresto de 30 días para la amante de un guardia municipal, mientras que el hombre culpable solo tuvo que hacer una promesa de enmienda. Esta desigualdad punitiva se enmarcaba en un sistema de control donde las mujeres eran encerradas sin juicio por considerarlas rebeldes o no católicas, y sometidas a escrutinios ginecológicos para clasificarlas como 'víctimas de prostitución' si se certificaba la pérdida de la virginidad.
La institución, gestionada por congregaciones religiosas como las Adoratrices, utilizaba a las internas como mano de obra gratuita en talleres de costura y empaquetado, además de practicar el robo de bebés. Los documentos muestran que la falta de financiación estatal, que en 1949 cubría solo 36.500 pesetas de un gasto estimado de 45.000, obligó a la Junta a presionar al Estado para obtener subvenciones adicionales. Esta presión económica llevó a la Junta a admitir que los internamientos dependían puramente de la disponibilidad de fondos, no de criterios sociales. La investigación, que cita a supervivientes y libros como 'Las desterradas hijas de Eva', revela cómo esta red de centros, que en Canarias contaba con hasta 150 internas, amasó un patrimonio inmobiliario con dinero público y trabajo esclavo, una realidad que solo comenzó a ser investigada a fondo en 2012.