El Ministerio del Interior alemán, dirigido por Alexander Dobrindt (CSU), prepara una reforma de la Ley Federal de Libertad de Información (IFG) que, según documentos confidenciales obtenidos por el MDR, limitaría de forma severa la transparencia estatal. La pieza central es la introducción de una identificación obligatoria para los solicitantes, lo que impediría el uso de plataformas digitales como FragDenStaat, a través de la cual unas 170.000 personas han presentado solicitudes de forma simplificada. El ministerio alega riesgos híbridos y sobrecarga administrativa, pero sitúa esa preocupación en segundo plano frente al objetivo explícito de bloquear estas herramientas.
El borrador contempla además restringir el acceso de periodistas y diputados al IFG, ampliar las excepciones por áreas como investigación y docencia, y mantener bajo secreto los documentos de procesos legislativos en curso. También prevé la eliminación del Comisionado Federal para la Libertad de Información, la instancia de control entre ciudadanía y Administración.
La reforma ha provocado un rechazo amplio: una petición respaldada por más de 130 organizaciones ha reunido cerca de 600.000 firmas, y la SPD, socio de coalición, ha expresado reservas sobre varios puntos clave, incluida la supresión del comisionado y las limitaciones a la prensa. El texto defiende que el IFG ha permitido investigaciones relevantes, como el escándalo del peaje para turismos o los recortes en proyectos de financiación, y que no consta ningún caso en el que la ley haya generado riesgos de seguridad.