Dinamarca, Polonia e Italia han solicitado al Consejo Europeo que incluya en su resolución tres puntos críticos: la condena de la inmigración ilegal, la prevención de efectos de llamada y la mayor coordinación de la Comisión Europea. Esta presión se centra en el proceso de regularización migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, al que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha calificado de contrario a la política migratoria europea. Frederiksen, quien ha pedido a la Comisión que examine la cuestión a fondo, ha insistido en que la migración irregular es un delito y está relacionada con la criminalidad. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también ha criticado la gestión española, destacando la necesidad de vigilar las fronteras exteriores y prevenir la explotación de migrantes. Ante esta tensión, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha rebajado la presión recordando que los cruces irregulares de fronteras se encuentran en su nivel más bajo desde 2021. Antes de la cumbre, un grupo de 17 países, incluido España, se reunió informalmente para debatir soluciones innovadoras, como la apertura de centros de deportación en terceros países. Sin embargo, líderes como el primer ministro checo, Andrej Babiš, han atacado directamente al Ejecutivo español, señalando que algunos políticos buscan sustituir a la población por inmigrantes para conservar sus cargos.
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