El fiscal general de Ucrania, Ruslán Kravchenko, ha presentado su dimisión después de que la Oficina Anticorrupción (NABU) difundiera grabaciones en las que supuestos miembros de redes de estafas telefónicas lo identifican como “el jefe” que les brindaba protección. Kravchenko, nombrado por el presidente Volodímir Zelenski, ha alegado que no quiere que el cargo se convierta en “instrumento de confrontación política”.
La NABU sospecha que Kravchenko dirigía la cobertura a ‘call centers’ instalados en Ucrania dedicados a defraudar a víctimas en el propio país, Rusia, Israel, países rusófonos de Asia central y Estados miembros de la UE. Estas redes operan ofreciendo falsas oportunidades de inversión, a menudo en criptomonedas, o haciéndose pasar por empleados bancarios y de servicios de seguridad para obtener datos personales. El fenómeno, según medios ucranianos, ha generado fricciones diplomáticas con socios europeos que figuran entre los objetivos de los estafadores.
Días antes de la dimisión, la NABU detuvo a Serguí Kropiva, jefe adjunto del departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía, sospechoso de haber blanqueado hasta 2.000 millones de euros en el marco de la misma trama. Tras estallar el escándalo, Zelenski remitió al Parlamento dos proyectos de ley orientados a combatir esta modalidad de crimen organizado.
