En febrero de 2011, durante la revolución egipcia, millones de teléfonos móviles recibieron mensajes propagandísticos a favor del régimen. Los envió Vodafone a través de su infraestructura de SMS, por orden de las autoridades egipcias, según reconoció la propia compañía, que alegó carecer de opciones legales o prácticas para desobedecer. El episodio ilustra un dilema clásico: ¿deben los ingenieros diseñar sistemas que ningún gobierno pueda manipular, incluso a costa de perder la capacidad de salvar vidas en emergencias?
El autor compara aquel caso con los sistemas modernos de alertas masivas, como el protocolo Common Alerting Protocol (CAP) impulsado por el Reino Unido en los años 2020. La legislación británica permite a los operadores saltarse las normas anti-spam para difundir avisos urgentes, pero no parece obligarles a transmitirlos. Tampoco existen apenas salvaguardas verificables: los detalles técnicos están exentos de las solicitudes de libertad de información.
La tensión es inevitable: pocos controles y un error humano puede causar una falsa alarma (como la de Hawái en 2018); demasiados controles y un aviso legítimo llega tarde. Además, ¿qué ocurre si un operador rechaza un mensaje por motivos políticos o comerciales, o si hombres armados obligan a enviarlo? Diseñar infraestructura técnica que equilibre velocidad, verificación criptográfica, segmentación geográfica y resistencia al abuso sigue siendo, según el autor, un problema sin solución cerrada.